En el 2011, la Empresa Mediterráneo S.A presentó al Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto para construir una central hidroeléctrica en el valle el Manso, en la confluencia del río Torrentoso y el río Manso (X Región de Los Lagos), zona caracterizada por poseer a su alrededor más de 7 parques nacionales, además de ser declarada reserva de la biósfera y zona de interés turístico por la ONU el año 2007.

Pero, ¿qué tiene de conflictivo este proyecto? A simple vista, nada: el sistema de evaluación de impacto ambiental aprobó el proyecto, y supuestamente traerá beneficios a la región, realizando un camino para la comunidad local y obteniendo la energía que el país “tanto necesita”.
Sin embargo, lo conflictivo no radica en el proyecto mismo, sino en la forma en que éste se ha desarrollado, pues no solo denota poca transparencia en la información hacia la comunidad local por parte de la empresa Mediterráneo, sino también nula fiscalización por parte de las autoridades encargadas de llevar a cabo la evaluación del impacto medio ambiental.
Comencemos desde el principio…Todas las empresas con proyectos de esta índole deben desarrollar un informe de impacto ambiental, el cual es evaluado por el Ministerio del Medio ambiente. En este informe, la empresa Mediterráneo S.A no solo no consideró el impacto medio ambiental al desarrollar el camino para construir la central, sino que también eludió procesos de calificación medioambiental, razón por la cual la Superintendencia del Medioambiente resolvió paralizar las actividades del proyecto por un período de 14 meses, luego de que la comunidad se organizara para presentar una denuncia (Patagonia, 2015).
Lo anterior estuvo acompañado de falta de transparencia en el proceso de consulta, en donde, a pesar de haber realizado la consulta ciudadana (pero no la indígena, la cual es obligatoria), esta información no fue incluida en el informe de evaluación. El porqué de esta razón, nunca la sabremos.
Finalmente, los habitantes locales acusan a la empresa de irregularidades en la compra de los terrenos en la zona, específicamente en mentirles sobre el futuro uso que le iban a dar a las tierras. Tal como un vecino menciona en el informe “el campo del Río Frío se lo compraron todo así como turistas (…) iban a hacer parque, así fueron engañando a la gente” (Cruz & Poggione, 2016).
¿Dónde estaban las autoridades y los mecanismos estatales para regular estos sucesos? ¿Son acaso suficientes estos mecanismos para regular un conflicto socio ambiental como el de Puelo?
La respuesta es claramente no. El sistema de evaluación medio ambiental, única medida que ofrece el Estado para el desarrollo sostenible de proyectos energéticos, desde 1997, ha aprobado el 95% de los proyectos. Las empresas, tienden a palear las consecuencias del daño ambiental que producen, a través de fundaciones, y con ello, el sistema se perpetúa, escondiendo proyectos pocos sustentables bajo un “ala social”. No es diferente en el caso de la empresa Mediterráneo, la cual desarrolló la Fundación Cochamó.

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