“(...) Chile es naturalmente un país de montaña. Son cada vez más las personas que optan por practicar senderismo, montañismo, escalada u otras actividades ligadas a Los Andes. Es también, crecientemente, el destino elegido por montañistas y trekkeros del extranjero para desarrollar actividades al aire libre (...). La cordillera es también escenario de investigación para glaciólogos, geólogos, zoólogos, botánicos y paleontólogos, entre muchas otras disciplinas”.

Esas fueron las palabras del senador Andrés Allamand (2010) en la moción que buscaba iniciar un proyecto de ley que regula el acceso a valles de la Cordillera de los Andes y áreas silvestres protegidas. “El cierre de grandes espacios para el desarrollo de estas actividades resulta un freno a la posibilidad de esparcimiento, al crecimiento del turismo de intereses especiales y a la actividad científica”, señaló además.

En 1977 se legisló a favor del libre acceso a las costas del mar, lagos y ríos de nuestro país, lo que demostró que el acceso público a estos lugares era (es y será) un derecho más importante que el derecho a la propiedad privada. Legislar en relación al libre acceso a las montañas no sería algo nuevo, sin embargo pareciera ser que esta vez los intereses y las influencias están primando por sobre el derecho de ocupar nuestro propio territorio.

Según el Diagnóstico Nacional de Montaña (Chile, FAO, 2012) nuestro país está conformado en un 63,8% de montañas. Pero quién se responsabiliza por ellas, a quién pertenecen, o por qué las cierran, son preguntas que aún están flotando.

En septiembre de 2007 Chile suscribió su adhesión a la Alianza para las montañas, lo que en parte significó la creación del Comité nacional para la protección de las montañas, el 12 de septiembre del 2014, siete años después. Según Jaidel Comité nacional para la protección de las montañasme Rovira, jefe de la sección ecosistemas y planificación ecológica, del Ministerio del Medio Ambiente (año 2012), las principales tareas del comité son asesorar a las distintas instituciones en mejores estrategias para conseguir un uso sustentable de los ecosistemas de montaña, aumentar el conocimiento que existen de estos espacios y generar los criterios necesarios para incorporar su protección en las políticas públicas, estrategias, planes y acciones nacionales.

Claramente hay un problema: grandes extensiones de bienes de uso público (bienes nacionales que por derecho son de todos los chilenos, y extranjeros en el país) se encuentran cerrados por pequeñas extensiones de propiedad privada que impiden el acceso que, por ley, debería estar asegurado.

La importancia de los ecosistemas de montaña para el Estado de Chile ya están demostradas en el papel, en la práctica no tanto. Permitir y promover el libre acceso a las montañas es el primer paso para cuidar y respetar el medio ambiente, pues no se puede cuidar lo que no se conoce y no se puede conocer aquello a lo que no se tiene acceso.

El Estado de Chile no sólo debe asegurar el libre acceso a estas áreas (por una cosa de lógica, pues es de todos) sino que además debe poner en valor nuestras cordilleras y montañas a través de la educación e incentivar un aprovechamiento responsable y sustentable de sus recursos y bondades por parte de todas las personas. Las montañas son un bien común y no de privados que la mayoría de las veces, con fines lucrativos, provocan efectos nocivos para el medio ambiente y destruyen lo que es de todos.

En palabras simples: libre acceso a las montañas, derecho de todos, obligación del Estado y responsabilidad de todos.

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